La planificacion familiar en Guatemala: Un derecho fundamental que no se cumple

En noviembre de 1999 se celebraron elecciones presidenciales en Guatemala. El nuevo gobierno, dirigido por el presidente Alfonso Portillo, debería tener como prioridad la promulgación de un marco legislativo y una política adecuados que garanticen el derecho de sus ciudadanos y ciudadanas a la información y los servicios de planificación familiar. Toda mujer tiene el derecho de controlar el número de hijos, el lapso entre ellos y el momento de su nacimiento. Sin embargo, si no existen posibilidades de acceso a información y servicios de planificación familiar, este derecho no tiene ningún sentido. El hecho de que el gobierno guatemalteco no haga posible a sus ciudadanos y ciudadanas el ejercicio de su derecho a una gama completa de servicios de salud reproductiva, incluidos los servicios y la información sobre planificación familiar, tiene repercusiones trágicas en la salud y la vida de las mujeres. Su capacidad para participar plenamente en la vida económica, política y social de su país se ve gravemente constreñida cuando no tienen ningún medio de control de su fertilidad y deben enfrentarse a un embarazo no deseado. Las altas tasas de extrema pobreza de Guatemala y los niveles alarmantes de mortalidad y morbilidad maternas, incluidas las muertes provocadas por abortos ilegales e inseguros, son sólo dos de los muchos factores que deberían haber motivado hace tiempo al gobierno a adoptar un marco legislativo y una política que abarcara servicios de planificación familiar voluntarios a escala mayor. Las opiniones conservadoras de algunos dirigentes políticos y de segmentos de la sociedad no disculpan la flagrante violación en Guatemala de los derechos de sus ciudadanos y ciudadanas a servicios e información sobre planificación familiar.